El pasado primero de abril , el presidente de Afganistán – Ahmid Karzai – le puso la firma a una ley denominada “Ley para el Estatus Personal Chií”, destinada a regular aspectos de la vida privada de la población chiita , que representa aproximadamente el 15% de la predominantemente sunita población de Afganistán.

La ley, por ejemplo, prohíbe a las mujeres afganas negarse a mantener relaciones sexuales con sus maridos a menos que estén enfermas, y las obliga a llevar maquillaje si el marido así lo prefiere. Además, niega a las chiíes el derecho de salir de sus casas excepto para propósitos “legítimos” o en caso de emergencia, les prohíbe trabajar o recibir educación sin el permiso de sus maridos, les niega la custodia de sus hijos en caso de divorcio y desconoce el derecho de las viudas a heredar los bienes de sus esposos.

La nueva legislación no provocó, como se podría esperar, una ola de reacciones empujada por fuertes vientos de indignación y furia. Sólo una suave brisa, que acompañó las quejas de algunos organismos de derechos humanos e incluso de la ONU. No hubo protestas en las calles de países occidentales y civilizados – cual si alguien hubiese dibujado una caricatura de Mahoma o si Israel hubiese decidido una acción militar en Gaza – sino una serie de pálidas declaraciones de funcionarios de turno que se limitaron a expresar que se trata de “un retroceso en las libertades conseguidas después que fuera derrocado el régimen talibán”.

La Agencia de la ONU para las Mujeres (UNIFEM) – sí, sí, existe tal cosa – manifestó su “preocupación por el impacto potencial de esta ley sobre las mujeres afganas”.  Por su parte, la diputada afgana Shinkai Karokhail fue de las pocas que se pronunció en contra y aseguró que esta legislación “aumentará la brutalidad que se ejerce en las vidas de las mujeres”.

De todos modos, la polémica fue suficiente como para que el gobierno afgano frenara la publicación de la ley, que implicaría su inmediata entrada en vigencia. Pero no se trata de una anulación, sino de una suspensión,mientras el ministerio de Justicia “trabaja  en la ley y en los artículos que resultan problemáticos”.

Claro que, si en las calles de Madrid, Londres e incluso Buenos Aires, hubiera protestas en defensa de las mujeres afganas, quizás el presidente Karzai se habría dado cuenta – o algún asesor le habría explicado – que las relaciones sexuales de un matrimonio, la manera como se manifiesta el amor, la pasión, o bien el desamor o la rutina, se encuentran en el terreno de la intimidad y nadie tiene derecho a legislarla. Que la cantidad de veces que una mujer sale de su casa o para qué depende exclusivamente de ella, de sus gustos, necesidades y decisiones y no hay ley que pueda obligarla a quedarse eternamente entre cuatro paredes.

Que una mujer no es una mascota doméstica que el hombre cria para que mueva la cola a su llegada, y que si ha vivido con él – y lo ha soportado, o se han amado, se han soportado mutuamente o como sea – tiene derecho a heredarlo y nadie puede despojarla de lo que le pertenece. 

A nadie escapa que el presidente Ahmid Karzai, de cara a unas cercanas elecciones en las que depende del apoyo de los grupos más fundamentalistas, está jugando un juego político tan astuto como detestable. Pero, resulta evidente también, que la clase gobernante de Afgansitán sabe perfectamente cuánto le importan al mundo “civilizado” de sus mujeres y quizás incluso hayan calculado cuánto tiempo deben dejar pasar para que las declaraciones y la polémica se diluyan y ellos puedan – como tantas otras veces – promulgar esta nueva y bárbara legislación y continuar poniéndola en práctica.